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"La Voz de Galicia" 23-7-12

Missatge  kruskis el Dc 25 Jul 2012, 01:00

Un armador juzgado por pescar con dinamita reclama 850.000 euros

El patrón camariñán solicita que se le compense por impedirle pescar

El armador de Camariñas Manuel Caamaño Barreiro, patrón del Gallego José, reclama a la Xunta una compensación de 850.000 euros por la pérdida de beneficios por el tiempo en que no pudo pescar por haberle sido retirado el permiso por la entonces Consellería de Pesca.
La Xunta así lo hizo poco después de que la Guardia Civil detuviera al armador por un presunto delito de uso de explosivos para la pesca.
La consellería le retiró entonces el permiso de explotación y le impuso una sanción de 150.000 euros. El procedimiento administrativo sancionador quedó en suspenso por estar abiertas diligencias en el Juzgado de Corcubión -legalmente prevalecen los procesos penales sobre los administrativos cuando se abren por el mismo asunto-, pero no se le devolvió el permiso.
Caamaño fue condenado por la Audiencia a tres años de cárcel por tenencia de explosivos y siete meses por un delito contra el medio ambiente, aunque finalmente los recursos presentados por él -y por los otros tres encausados entonces- dieron sus frutos ante el Supremo, que los absolvió a todos por considerar que no había pruebas suficientemente fiables.
Solo uno de los detenidos en el 2007, Felipe Campaña Carril, no fue absuelto, aunque sería indultado por el Gobierno un año después.
En el 2011, Caamaño Barreiro presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños «baseada no feito de que, estando en curso un procedemento penal, a autoridade administrativa non debeu adoptar nin manter a medida cautelar de suspensión cautelar do permiso de explotación durante a tramitación do procedemento sancionador, que tan só incumbe ao xuíz penal», dice el informe del Consello Consultivo de Galicia, órgano al que llegó la reclamación de Caamaño Barreiro por exceder en su cuantía los límites máximos fijados (1.500 euros) para que esas reclamaciones no salgan de la consellería.
El armador solicitó 850.000 euros como compensación por los daños. El Consello Consultivo, citando jurisprudencia, entiende que no hubo ninguna extralimitación por parte de la Xunta en su actuación y desestima la solicitud económica del empresario. Recuerda ese órgano que la Administración puede adoptar medidas cautelares individualizadas, como la supresión temporal de licencia, en caso de detectarse «faltas moi graves en materia de pesca», algo que ocurrió, dice el texto, en el caso concreto del demandante.
Por su parte, Caamaño Barreiro no hizo ayer comentario alguno a ese asunto. «É algo que está en mans dos meus avogados», afirmó el armador del pesquero Gallego José.

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